ANTECEDENTES.
Michoacanazo, es el nombre con que se conoce al Operativo Policiaco y Militar que llevó acabo el gobierno mexicano para lograr la detención de 12 presidentes Municipales, 8 Altos funcionarios del Gobierno estatal, 1 Juez, 12 Policías, 2 ex directores de Seguridad Pública y la persecución de 1 Diputado Federal Electo del Estado de Michoacán, acusados por la Procuraduría General de la República PGR, de tener vínculos o ser miembros del cártel de la delincuencia organizada conocida como La Familia Michoacana.
La detención de los 35 servidores públicos, y suspensión de los derechos políticos y del Diputado Electo Julio César Godoy, ocurrió siendo Presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, como Procurador General de la República Eduardo Medina Mora, y como gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
EL CASO.
Según la PGR, tras seis meses de investigaciones el 26 de mayo de 2009, la SIEDO encabezó un operativo espectacular para detener a una treintena de funcionarios y ex funcionarios michoacanos. En esta acción contó con el apoyo de la Policía Federal y el Ejército.
De forma simultánea en otras ciudades del estado fueron detenidos los alcaldes y el síndico de Lázaro Cárdenas.
El Diputado Federal, Julio César Godoy Toscano fue retenido sólo unos instantes, cuando aún era candidato a Diputado federal, pero se le dejó en libertad porque en ese momento no existía algún mandamiento judicial en su contra.
LAS PRUEBAS.
El caso se abrió luego de que la PGR detuvo a un miembro de la familia Michoacana y lo convirtió en su prueba más fuerte del michoacanazo, “Emilio” nombre clave al testigo protegido, entregó una supuesta lista de servidores públicos que brindaban protección a La Familia. También se recibieron denuncias anónimas que acusaban a otros de estar ligados al narcotráfico.
En la lista aparecían nombres de presidentes municipales y jefes policíacos, quienes supuestamente recibían entre 50 mil pesos y 200 mil pesos por sus servicios al crimen organizado.
Pero para diferentes jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación “Emilio” nunca se presentó y los cargos que les imputaban a los acusados carecían de sustento. Y según La SIEDO “Emilio”, sin previo aviso, “abandonó el sistema de resguardo de testigos protegidos.
Las pruebas aportadas por la PGR, fueron insuficientes y sin sustento, así, 34 de los 35 servidores públicos, fueron liberados.
EL DIPUTADO.
El Diputado Julio César Godoy Toscano, tomó protesta como Diputado Federal por el Distrito 1 de Michoacán, perteneciente a Lázaro Cárdenas, Michoacán el 23 de septiembre de 2010, y días después la PGR interpondría una solicitud de procedencia contra el legislador.
LA OPINIÓN PÚBLICA.
El caso ha dividido a la opinión pública que cuestiona la eficacia de los ministerios públicos y fiscales que no pueden ganar estos casos.
Y por otra parte abre sospechas de que la PGR es una institución que es utilizada para inventar acusaciones por razones políticas. Y porque se llevó acabo la detención en tiempos electorales.
En ambos casos, la credibilidad contra la procuración de justicia se debilita y la confianza hacia el sistema político mexicano, se desvanece.
La Lucha contra el crimen organizado en México, ha costado a la fecha la vida de más de 30 mil personas.
La PGR presentó una solicitud de procedencia a la Cámara de Diputados para quitar el fuero al diputado Godoy Tozcano y ser reaprendido.
El 11 de octubre de 2010, Godoy Tozcano compareció ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, para ser notificado de la Solicitud de la PGR que solicitó su desafuero, tras acusarlo ser presunto miembro de La Familia Michoacana.
COMPARAN EL «MICHOACANAZO» CON «PRESUNTO CULPABLE».
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, el documental de Presunto Culpable y la detención masiva de funcionarios en el llamado «michoacanazo» tienen una relación directa: ambos casos muestran que el sistema de justicia de México está basado en elementos de endeble veracidad como chismes, denuncias anónimas y testigos protegidos.
Por ello, la CEDH determinó realizar una video-denuncia y subirlo a YouTube, analizando «dos ejemplos que están destinados a despertar la indignación y a movilizar a una sociedad que en todo momento es víctima potencial de una injusticia», explica el ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano en entrevista.
El video trata de aprovechar la situación mediática de Presunto Culpable, incluso, se está gestionando con la cadena Cinepolis que se transmita de manera previa en cada exhibición del documental, detalla Ignacio Mendoza, ex subprocurador de Justicia en Morelia, uno de los 35 implicados en el «michoacanazo».
Mendoza aparece en el video de la CEDH, en el que expresa una queja junto con su esposa y otros dos de los detenidos, aquel 26 de mayo del 2009.
«El ‘michoacanazo’ es solo un ejemplo. Hay cientos, miles de casos como el nuestro sólo que a comparación de Presunto Culpable hay un único ingrediente diferente: en Presunto se atribuye las anomalías a funcionarios de rango menor en la procuración de justicia; en el michoacanazo estamos hablando de funcionarios de la mayor jerarquía», sintetiza Ignacio Mendoza.
Explica que la propuesta surgió de la CEDH, «y para nosotros como víctimas sentimos la necesidad de contribuir a generar conciencia en materia de derechos humanos, y fomentar los cambios que de alguna forma hemos visto que han iniciado con las reformas hechas en el Senado».
Y reflexiona: «yo fui persecutor de delitos y paradójicamente el propio sistema se volteo en mi contra por intereses políticos. ¡Debemos cambiar este sistema!».
«¿Qué buscan con este video?», se le cuestiona al ombudsman Serrato Lozano, quien apunta: «queremos darle una sacudida al sistema de justicia al tiempo de hacer conciencia en la ciudadanía para mejorar nuestro sistema de procuración. Qué en un conflicto de naturaleza jurídica no dependamos tanto de la subjetividad ni del estado de ánimo de los jueces. Hacer más científica la justicia».
«En cada Cereso al que vamos vemos las mismas quejas: la falta de derecho a la defensa jurídica adecuada, la negación del expediente a la defensa, el hecho de que los sentenciados no ven el rostro del juez que los va a juzgar, en fin, una serie de situaciones que complementan todo un circulo vicioso».
Subraya que no hay algún trasfondo o que exista interés político al realizar el video, aun cuando la grabación concluye con la participación del diputado local del PRD, Raúl Morón, aspirante a la gubernatura.
«Este video tiene como finalidad última exhortar a los Congresos de cada estado para que aprueben las reformas a 11 artículos de la Constitución avalados en el Senado. Solo falta que la mitad más uno de los Congresos locales del país, es decir 17 legislaturas, la aprueben».
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